Arbitrariedad bajo la 'ley mordaza'


Desde su aprobación en 2015, elley de seguridad ciudadanapromovido por el Gobierno de Mariano Rajoy, conocido como el“ley mordaza”, fue impugnada por movimientos sociales que vieron en ella una herramienta para frenar sus movilizaciones y por asociaciones de periodistas que la consideraron unaobstáculo al ejercicio de la libertad de información. Cuestionado por la Defensoría del Pueblo e impugnado por 114 diputados, el Tribunal Constitucional estableció sin embargo su constitucionalidad, con una excepción, la prohibición de grabar o fotografiar sin autorización a policías identificados como tales en el ejercicio de sus funciones, incompatible con la derecho a la libertad de información. Sin embargo, habiendo agotado así el viaje judicial,la senda parlamentaria pasó a la historia detrás de su reformadespués del pasado mes de septiembre la iniciativa impulsada porPNVy recogido enacuerdos entre el PSOE y Podemos. Si bien la agenda legislativa ha estado condicionada por la pandemia y la presupuestación prioritaria, así como otras reformas incluidas en los compromisos prepandémicos del gobierno de Sánchez, como la reforma de la ley de educación,ha llegado el momento de afrontarlo.

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