El gobierno está considerando rescatar a las pymes poniendo su capital


El Ministerio de Economía ha desarrollado una batería de herramientas con las que hacer esto fortalecer el capital de las pequeñas y medianas empresas (PMI) que eran rentables y viables antes del coronavirus, y que previsiblemente lo serán cuando termine la pandemia, pero que están en peligro de desaparecer porque atraviesan graves problemas económicos para saldar sus deudas. Sobre la mesa está la posibilidad de inyectar subsidios directos a las empresas y fortalecer su solvencia a través de mecanismos como créditos participativos (instrumentos financieros a medio camino entre préstamos y acciones).

Con carácter preliminar, el Ejecutivo prevé modificar este martes las condiciones de los préstamos bancarios garantizados por el Estado a empresas, pymes y autónomos a través de la ICO: el período máximo de vencimiento se extenderá hasta tres años, hasta un máximo de ocho, y se agregará otro año de gracia en pagos, hasta dos años.

El ‘real decreto ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia de las empresas y del sector energético, y en materia fiscal’ que el Consejo de Ministros pretende aprobar hoy amplía la prohibición de quiebras y la suspensión de pagos que se adopten más allá del 31 de diciembre en abril. De lo contrario, se produciría una avalancha de quiebras a partir de enero, como advirtió el Banco de España.

Que viene de ahora

Pero más allá de estas dos medidas, se avanza en un programa que permite una reestructuración ágil, rápida y decisiva de la deuda de algunas pymes. En principio, su adopción no está prevista en este Consejo de Ministros. Tampoco se prevé aprobar este martes el plan de emergencia anunciado por Pedro Sánchez para hoteles, restauración, comercio, transporte, ocio y cultura.

El sector financiero lleva semanas negociando con Hacienda, dependiente de la economía, para crear un marco que facilite refinanciación (modificación de los términos del préstamo, como extensión de los términos o cambios en las tasas) y renovación (cancelar la deuda y / o convertirla en capital) de pymes rentables en crisis. El problema es que el ICO no cuenta con un marco flexible para llevar a cabo este tipo de operaciones y al mismo tiempo está sujeto a la regulación de ayudas estatales de la UE, por lo que todos los cambios deben ser acordado con la Comisión Europea.

Las entidades financieras contribuirán con su experiencia a determinar si una empresa es realmente rentable y rentable (y por tanto merece la cancelación de la deuda). Además, asumirán parte del impacto financiero de estos cambios de condiciones en sus cuentas. La novedad es que el Estado debe involucrar al Estado en este esquema de reestructuración de deuda, tanto a través de te quitas (de las garantías de ICO) o de subsidios Y entrada a la capital de PYMES ahorradas.

Queda por ver si el Estado estaría dispuesto a dar un paso más – como solicita el Fondo Monetario Internacional (FMI) – asumiendo también la cancelación de la deuda de este tipo de pymes rentables con Finanzas y seguridad social (o referencias más largas).

Solicitud del FMI

los Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido al gobierno español en que de la misma forma ha puesto en marcha un fondo de rescate para 10,000 millones para el rescate de empresas estratégicas (que ya ha sido Air Europa y fue solicitado por Duro Felguera y Transmediterránea), también se propone un mecanismo “similar” para las pequeñas y medianas empresas. “También se podría considerar proporcionar inyecciones temporales que generen deuda al sector público, por ejemplo en forma de obligaciones tributarias futuras”, sugiere el FMI. Siendo ese el caso, el estado inyectará capital ahora y las empresas podrían devolverlo como deuda tributaria más adelante.

El costo social El resultado de la destrucción de empresas puede resultar demasiado caro “, dice el FMI. El documento respalda la mejora del sistema de reestructuración de la deuda, con la participación de los acreedores públicos (Tesorería y Seguridad Social).

Evite una avalancha de fallas

Según las estimaciones del Banco de España, alrededor de la mitad de las empresas españolas registrarán pérdidas este año, siendo pymes y empresas relacionadas con hostelería, restauración, ocio y vehículos de motor los que se verán más afectados. Por ahora, la moratoria parcial sobre quiebras empresariales aprobada por el gobierno en abril se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre para evitar traer empresas con dificultades temporales debido a la pandemia.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, solicitó este lunes una “prórroga temporal” de esta moratoria sobre quiebras, que va “acompañada” de un “análisis riguroso y rápido para agilizar el procedimiento concursal que permite una reestructuración de la deuda corporativa y, por supuesto, que las empresas que no son los más vitales desaparecen lo antes posible y que tenemos un proceso para asignar los recursos de la manera más eficiente posible. A falta de prórroga, el Banco de España ya había advertido la semana pasada que a partir de enero se producirá un “repunte significativo” en las solicitudes de quiebras necesarias, a petición de los acreedores. El gobierno se prepara para aprobar una prórroga este martes. “Este riesgo de ‘zombificación’ (de empresas) existe. Me preocupa desde una perspectiva de mediano plazo, pero me preocupa más que dejemos de apoyar a empresas rentables que caerían sin el apoyo público”, dijo el gobernador.

La agencia tiene la intención de promover en el corto plazo el uso de procedimientos pre-concursales, acuerdos de refinanciamiento de deudas y acuerdos de pago extrajudicial para individuos y pequeñas empresas. Estos últimos -se queja el Banco de España- no son muy utilizados y podrían incentivarse si los acreedores públicos, como Hacienda y Seguridad Social, aceptaran mayores descuentos que los privados en determinadas circunstancias, como sugiere el FMI.

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