El poder judicial quiere “proteger” al fiscal antes de que se haga cargo de la investigación


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Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, entre el proceso parlamentario y el plazo que llevará implementarlo, el proyecto de nueva ley de procedimiento penal espera ahora solo luz verde para su aprobación de próxima publicación del Consejo de Ministros. El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, pondrá así la primera piedra de un nuevo modelo que no estará exento de polémica, por ello, en línea con otros países europeos, tiene la intención de que el fiscal, y no el juez, instruya el proceso penal. Si en condiciones normales ya le habían alertado sobre lo que implica este cambio si no se reforma primero el Estatuto Orgánico del Ministerio Público para darle autonomía real, ahora todas las alarmas se apagan. Los estrechos vínculos de la actual Fiscal General, Dolores Delgado, con el Ejecutivo y los intentos del gobierno de Sánchez de controlar el Poder Judicial con iniciativas controvertidas como la abolición de la mayoría cualificada en la elección de los miembros del CGPJ, Planean una reforma que abre un intenso debate sobre la necesidad de dotar al fiscal de herramientas suficientes para lograr la autonomía y la independencia real.

El modelo de procedimiento propuesto no es nuevo. De hecho, el comité de expertos al que Campo confió la redacción del texto se basó fundamentalmente en el borrador del ministro Francisco Caamaño, cuyo testimonio recogería posteriormente, ya con el gobierno de Rajoy, Alberto Ruiz-Gallardón. Mientras Jueces y fiscales coinciden en la necesidad de responder a las nuevas formas de delincuencia y una educación más ordenada y ágil (la ley actual se remonta a 1882), no todos coinciden en que el fiscal es quien toma las riendas de la investigación. Al menos no en las condiciones actuales.

Confianza en la justicia

De la mayoría de la Asociación Profesional de la Judicatura (APM), su presidente, Manuel Almenar, cree que el actual sistema de educación judicial “ya da una respuesta adecuada al equilibrio entre las necesidades investigativas y las garantías constitucionales”. Prueba de ello, dice, es que con este modelo se sentaron en los banquillos “desde exministros hasta presidentes de comunidades autónomas, incluidas personas cercanas a la familia real, lo que demuestra que es un modelo que garantiza el principio de igualdad para todos los ciudadanos”. Antes de la ley “. Desde su asociación se oponen a cualquier modificación que implique la sustitución de la figura del juez por la del fiscal, porque “sin poner en cuestión en modo alguno la independencia y profesionalidad de cada uno de los fiscales de este país individualmente considerados, La estructura actual del Ministerio Público, liderado por alguien que ha pasado directamente del Ministerio de un gobierno a la Fiscalía General del Estado, suscita serias dudas. tanto sobre los verdaderos objetivos de esta reforma como sobre la capacidad de esta estructura para salvaguardar los principios de independencia y credibilidad.

Recuerda a Almenar, magistrado de la audiencia de Pontevedra, que la justicia necesita como presupuesto para funcionar que la sociedad crea en ella, “Y no podemos confiar en la educación de quienes vinieron directamente del gobierno”. Tampoco cree que sea una prioridad en estos momentos y aborda la modernización del proceso penal, la expansión de modelos, la digitalización de la justicia o el reparto de poderes.

El fiscal tiene “la clave de acceso”

Desde Francisco de Vitoria, su portavoz nacional, Jorge Fernández Vaquero, reconoce que la reforma de la ley procesal es necesaria porque “tiene tantos parches que es muy difícil gestionarla día a día”. “Todo está demasiado ligado a las prácticas del siglo XIX y se requiere la presencia judicial para casi todo”. Pero sin embargo, ve como “inoportuno” el momento en el que se afronta este cambio de modelo. “Si ya ha habido un sector de la población que ha cuestionado la imparcialidad de la Fiscalía con el nombramiento del Fiscal General, esas dudas serían más concretas con el otro modelo, en el que el fiscal tiene la clave”. Recuerde que la Fiscalía ejerce la política criminal del gobierno. “Pero la coordinación es una cosa y la adicción es otra”, dice. En su opinión, deben realizarse cambios en la elección del candidato al cargo de Fiscal General para eliminar cualquier sombra de sospecha., ya que su mandato no coincide con el del Ejecutivo, o que el CGPJ puede ejercer un verdadero control de idoneidad. “El modelo propuesto requiere solidez por parte de la institución, una función de imparcialidad que no tenemos precisamente por el nombramiento de la dirección”, dice. También advierte de impacto económico y presupuestario que implica esta reforma, ya que sería necesario “duplicar o triplicar el personal” o reajustar las instalaciones y el equipo, entre otras cuestiones.

Y es que una de las consecuencias de esta reforma es que habrá un desequilibrio entre los modelos de carrera judicial y fiscal porque, aunque se necesitarán jueces de garantía (para dar luz verde a procesos que involucran una violación de derechos fundamentales), no serán tan precisos como hay jueces de instrucción y, sin embargo, se necesitarán muchos más fiscales que los que actualmente desempeñan sus funciones en la fiscalía. En este sentido, proponen la mayoría del Colegio de Fiscales y del Sindicato Progresista de Fiscales arbitrar una especie de pasarelas que permitan la “conversión” de profesionales.

Un momento “complicado y frenético”

Sin embargo, el Colegio de Fiscales cree que es un momento “complicado y frenético” para presentar esta reforma como un “proyecto insignia”. Su portavoz, Cristina Dexeus, está de acuerdo con el cambio de modelo y cree que los fiscales están capacitados para afrontarlo pero siempre poniendo un escudo de antemano, equilibrios que separan al fiscal general del ejecutivo. “Aunque profesionalmente somos capaces, si una persona es nombrada para la cima sin la necesaria apariencia de imparcialidad, esa duda se extiende al resto de la carrera “. Además de estar a favor de que los mandatos del Ejecutivo y del Fiscal General no coinciden y de darle más poder al Consejo de Tributación en el proceso de toma de decisiones, Dexeus advierte de la necesidad de que la Fiscalía goce de autonomía presupuestaria y no dependa del Ministerio de Hacienda. justicia.

Para Teresa Peramato, portavoz de la UPF, lo deseable es una fiscal desvinculada del poder ejecutivo y en este sentido es favorable Mecanismos de arbitraje como la regulación de puertas giratorias, que cuestionan la apariencia de imparcialidad de las instituciones., que son los mandatos que coinciden con los del Ejecutivo. Pero este es otro debate, dice, que debería abrirse para ver qué modelo de elección de fiscal general queremos. Sin embargo, advierte que hoy la autonomía del Ministerio Público está absolutamente garantizada en cuanto a su independencia del Gobierno, ya que el Fiscal General no puede recibir órdenes ni solicitar información sobre temas específicos. Se espera un período de vacación muy amplio para el desarrollo de esta ley por todo lo que implica en cuanto a medios materiales y personales.. Al igual que Dexeus, propone un sistema que permite la transferencia entre jueces y fiscales, teniendo en cuenta el desequilibrio en la plantilla que existirá.

Un debate “amplio”

En Jueces para la Democracia, su portavoz, Ascensión Martín, subordina el cambio de modelo procesal a un juez de garantía que acompaña las instrucciones del fiscal. Comparta con sus compañeros la necesidad de fortalecer la autonomía del Ministerio Público para implementar esta reforma. En este sentido, augura un debate “de largo alcance” porque es cierto que “existe una relación jerárquica en la Fiscalía que no existe en el caso del juez de instrucción”. En cualquier caso, y aunque cree que es “un momento complicado en el que aún estamos a la espera de la renovación de los órganos constitucionales”, es necesario acometer esta reforma frente a normas procesales que han quedado obsoletas.

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