El FMI advierte contra el aumento de las pensiones y las nóminas públicas | Economía


Vista del Paseo del Prado de Madrid, medio vacío, en la 7.
Vista del Paseo del Prado de Madrid, medio vacío, en la 7.Fernando Alvarado / EFE

Al Fondo Monetario Internacional (FMI) no le gustan dos medidas incluidas en el proyecto de presupuesto del gobierno español. El organismo liderado por Kristalina Georgieva acusó este viernes el aumento del 0,9% en las pensiones y salarios de los empleados públicos – dado el “alto déficit estructural” – y el aumento de los impuestos verdes o IVA a las bebidas azucaradas – que “podrían tener un efecto desproporcionado en la población de bajos ingresos” -. La alerta por la desigualdad es una constante en las 94 páginas del informe sobre España: quien haya salido peor será el más afectado por la crisis.

Las críticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) a dos medidas insertadas por el Ejecutivo en los presupuestos que se están elaborando en el Congreso deben leerse con códigos completamente distintos. En cuanto al aumento de las pensiones y salarios de los funcionarios públicos, la enmienda es casi en su totalidad. “Deben evitarse los compromisos de incrementar permanentemente los ratios de gasto corriente, por ejemplo a través del gasto salarial o de las pensiones, dado el elevado déficit estructural y la presión sobre el gasto a largo plazo debido al envejecimiento de la población”, puntualizan Técnicos de fondos.

En la subida del IVA a las bebidas azucaradas y al impuesto verde, la invectiva va más por el momento elegido -durante la mayor recesión en medio siglo, según apunta el Fondo- y por no haber llevado a cabo un plan de compensación para los sectores. Los más afectados —los más pobres, señalan— que para la propia medida: cualquier aumento fiscal que “pudiera tener un efecto desproporcionado en la población de bajos ingresos debe esperar a que la recuperación esté firmemente en marcha y debe ir acompañada de un aumento del gasto para proteger a la población de bajos ingresos. más vulnerable “, acusa. El Fondo pide un aplazamiento de los impuestos ambientales, incluido el aumento del diésel que el gobierno quiere aprobar, pero un vocero del Fondo agregó que su referencia no era específicamente al diésel sino más genérico a los impuestos verdes en general.

El FMI acoge con satisfacción un aumento de la fuerza fiscal para dedicar más recursos a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. “En España, la relación impuestos / PIB es relativamente baja. Esto indica que hay margen de mejora, en particular fortaleciendo la recaudación del IVA, aumentando los impuestos especiales y cargas ambientales y reduciendo las ineficiencias del sistema tributario “, argumenta. Pero, explica, primero debemos esperar a que la recuperación sea un hecho. Y cualquier aumento, señalan, debe ir acompañado de medidas para proteger a los grupos de menores ingresos.

Con la vacuna ya en el horizonte, España, Europa y el mundo ven la luz al final del eterno túnel pandémico. Pero los meses hasta que lleguen las primeras dosis durarán para siempre. La recuperación se ralentizó -cuando no se interrumpió- con la segunda ola del coronavirus, luego de que el paro repentino de negocios en la primavera reabriera interminables heridas sociales. Es en este marco donde se deben colocar las continuas referencias a la desigualdad del Fondo, una organización que desde hace mucho tiempo muestra su punto de inflexión social y que intenta dejar atrás los años del consenso de Washington y, más recientemente, de la troika.

España, subraya el Fondo, ha alcanzado la pandemia con “una de las tasas de trabajo temporal más altas de Europa”. Y los trabajadores con este tipo de contrato, muchos de ellos en el sector turístico, “están cargando con un peso desproporcionadamente alto de la crisis”: la correlación histórica entre el porcentaje de trabajo temporal y la desigualdad es clara. Agregue a eso, dice, que los empleados con bajo nivel educativo tienen menos probabilidades de teletrabajar que en otras naciones europeas.

A favor de la renta mínima

Para revertir la situación, el Fondo agradece la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) – “aborda la brecha en la cobertura de los grupos desfavorecidos y reduce las barreras administrativas para el acceso a algunos programas de asistencia social” – y el uso de ERTE, que pide una prórroga más allá de enero. Esta herramienta, disponible desde los años ochenta pero poco utilizada hasta la fecha, remarca, fue “decisiva para limitar el impacto sobre el empleo, mitigando los efectos negativos de la pandemia, aunque con un costo fiscal considerable”.

Sin embargo, el FMI afirma encender las luces y pensar también en el día siguiente. En este sentido, el organismo con sede en Washington pide una mejora en la formación de los trabajadores que han perdido su empleo y beneficios para aquellos trabajadores cuya protección de este paraguas temporal se está agotando y acaba inflando las listas de cesantías.

Los fondos europeos, quizás la única buena noticia que dejará la crisis, empezarán a llegar en 2021 y son, a juicio del Fondo, una “oportunidad excepcional” no solo para reorientar el rumbo de una economía que necesita hacer el salto de la digitalización y las renovables, pero también para “amortiguar la crisis social y como catalizador de reformas”. También para poner en marcha un programa que integre los ingresos salariales de las familias de escasos recursos, mitigando así una de las mayores deficiencias de la IMV. Cuando las aguas bajen, la precariedad y la desigualdad continuarán en la orilla.

Más ayuda para empresas con futuro

Con la segunda ola sobre la economía española desde hace semanas -un “factor preocupante, que debe afrontar la recuperación” – y la vertiginosa mortalidad empresarial, los economistas del Fondo Monetario piden al ejecutivo de Pedro Sánchez que aborde la “vulnerabilidad” del sector privados y recomiendan “dar prioridad a las ayudas de capital” – rescates, en español moderno – “a empresas rentables” y, en todo caso, con “estrategias de salida bien diseñadas”.

Es decir, cuando pase lo peor de la crisis, el Estado podrá dejar su participación sin grandes dificultades. “Dado que el costo fiscal de ayudar a todas las empresas afectadas sería prohibitivo, el gobierno debe intervenir selectivamente para rescatar o ayudar a las empresas solventes y estratégicas”, subrayan.



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