Alcoa anuncia el despido de 524 trabajadores de San Cibrao sin esperar al plan de la Xunta y del Gobierno | Economía



Finalmente hay una respuesta. Alcoa ha finalizado este viernes el despido masivo que desde mayo ha sobrevolado la planta de aluminio primario de San Cibrao, en el municipio de Cervo, en Lugo. Los contactos con empleados, gobierno y Xunta duraron más de cuatro meses, pero no lograron someter a la empresa y asegurar su venta al grupo británico GFG Alliance, que presentó un plan industrial a veinte años para la planta. La estadounidense baja la persiana veneciana en su última planta de producción de aluminio primario en España debido a las alegaciones de “mala fe” de los directivos centrales y regionales, que ya habían advertido de la posibilidad de intervenir en la empresa. El Ministerio de Industria y el presidente regional, Alberto Núñez Feijoó, responsabilizaron a la empresa por el fracaso de la venta y mostraron su apoyo a los trabajadores, quienes pedirán medidas extremadamente cautelares ante un juzgado.

El despido colectivo afectará a 524 trabajadores de la planta de aluminio primario. La empresa mantendrá a los 99 empleados restantes operando una parte de la fundición de metales, mientras que cerrará los tanques donde se produce. Esto preocupa a los sindicatos, más allá de los despidos masivos. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha pedido desde el inicio de las negociaciones que se mantengan siempre activos. Su cierre supondría el fin de la planta por el coste y la complejidad de ponerlos nuevamente en funcionamiento. Los trabajadores han pedido la intervención estatal desde el inicio de la negociación. Un clamor sostenido por administraciones locales, comerciantes y vecinos de la comarca lucense de A Mariña, con una economía muy dependiente de la fábrica, que representa un tercio del PIB de la provincia.

La empresa advierte desde hace varios años que la situación de la planta es insostenible. Desde 2012, los empleados y la compañía reclaman una mejora en los elevados costes energéticos de las empresas electrointensivas en España. Esta afirmación perdió peso con la oferta de Liberty House, que estaba interesada en mantener la producción a pesar de los altos gastos. Sin embargo, las empresas no logró llegar a un acuerdo para el traslado en las seis semanas que duró la negociación. El Gobierno respondió al desacuerdo entre las empresas con la propuesta de que la Empresa Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compre la fábrica para entablar conversaciones con la GFG Alliance, algo que el estadounidense rechazó. El secretario de Industria, Raúl Blanco, advirtió que con esto se ha abierto un “escenario menos amistoso”.

La posición de las Administraciones había quedado clara en la semana anterior a la declaración del despido masivo. El lunes, el Ministerio de Industria envió a la empresa una solicitud para verificar que cumple con las condiciones para recibir las ayudas de CO₂ correspondientes a 2019. El martes, durante una comparecencia en el Senado, la ministra de Industria, Reyes Maroto, acusó a la empresa de bloquear las negociaciones y dijo que el gobierno estaba analizando todas las posibilidades legales para asegurar el futuro de la planta. El jueves el ministerio solicitó a la Fiscalía del Estado un informe analizando las posibilidades de intervención.

Xunta también estaba a favor de que el estado tomara el control de la planta. El miércoles, el presidente Alberto Núñez Feijoó aseguró al parlamento regional que solicitaría la intervención del gobierno central en caso de que la empresa anunciara un despido masivo. El viernes, el gobierno regional emitió un comunicado, minutos antes del anuncio de Alcoa, advirtiendo a la empresa que violó su “deber contractual de buena fe” durante el proceso de despido masivo. Según fuentes del Ministerio de Trabajo a Europa Press, la empresa ha presentado documentación en inglés en varias ocasiones y no ha interrumpido el proceso durante el estado de alarma, tal y como solicitó la autoridad laboral.



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