La comisión de reconstrucción mantiene su rechazo a que la escuela concertada reciba inversión extra

La Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso ratificó el viernes su decisión de que la educación concertada -privada pero financiada con fondos públicos- no recibe los fondos adicionales que dice enfrentar el regreso a clases después de la pandemia del coronavirus. Así, la opinión de la comisión, en su sección de educación, pide un aumento de los recursos públicos para la educación y las becas”, pero poco después, añade en el punto 18.1 del documento: “La totalidad del aumento de la inversión se destinará a la educación pública gestionada directamente”. Esta decisión ya causó mucha polémica esta semana cuando salió a la luz, impulsada por el PSOE y Podemos, desde el grupo de trabajo de la comisión encargada de las Políticas Sociales y el Sistema de Atención, en el que están presentes todos los grupos políticos excepto Vox. La exclusión de los Concertats es una “línea roja” para el PP, que el pasado miércoles presentó, junto con Ciudadanos y JxCat, enmiendas que fueron rechazadas pidiendo que la educación subvencionada se incluyera en las partidas económicas extraordinarias. El PNV, firme partidario del Concierto, también se opuso, alegando interferencia en sus competencias. El texto del dictamen del comité, aunque ya aprobado, “sigue vivo” y todavía podría ser modificado, pero es “muy complicado” hacerlo, según fuentes socialistas, antes de la sesión plenaria en la que se votará la versión definitiva, probablemente el 22 de julio. Uno de cada cuatro escolares en España está matriculado en una escuela aprobada.

La posición de los partidos de gobierno en el Parlamento, según el Ministerio de Educación, no afecta a los 2.000 millones de euros que el Ejecutivo va a repartir entre las Comunidades Autónomas para que se dediquen a sanar las consecuencias de la pandemia en el sector educativo (400 millones del total irán a las universidades). Este viernes, por ejemplo, Castilla-La Mancha (PSOE) ha anunciado que los fondos irán a la escuela concertada. “Estará donde haya un alumno que necesite atención”, explicó su asesora Rosa Ana Rodríguez, en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta aportación de 2.000 millones -dentro de un presupuesto global de 16.000 millones que incluye otras áreas como la sanidad o los servicios sociales- ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y sólo falta que sea validada por el Congreso. La ministra del sector, Isabel Celaá, lo dejó claro en una entrevista difundida ayer en la página web de EL PAÍS: “El objetivo debe ser compensar las desigualdades y atender las necesidades de los más vulnerables. Porque si queremos que el sistema educativo avance, no tiene sentido dar más a los que ya tienen más. Por lo tanto, no estamos hablando de propiedad sino de los más vulnerables”. En un principio, el presidente Pedro Sánchez anunció que los dos mil millones se destinarían íntegramente a las escuelas públicas, pero luego el ministerio rectificó: se destinarían a los más desfavorecidos. Siete de cada 10 estudiantes sin recursos van a escuelas públicas y el 79% de los estudiantes de origen inmigrante. La ONG Save the Chidren estima que los ingresos de las familias más pobres han disminuido hasta un 31% con la pandemia y se sitúa en 6.942 euros.

Ningún avance

En el Congreso, las posiciones no han avanzado ni un milímetro de lo que se escuchó el miércoles pasado. “No podemos apoyar su propuesta, que deja fuera a dos millones de estudiantes que estudian en educación concertada. Es un ataque a la libertad de los padres para elegir su escuela”, dijo la portavoz del Partido Popular, Rosa Romero. “No podemos entender que se llenen la boca diciendo que quieren hacer un pacto, llegar a un consenso y proponer algo que se remonta a las viejas recetas de la izquierda pública y privada. Tampoco podemos entender que dejen fuera los centros de educación especial que necesitan apoyo.

Pablo Echenique, de United We Can, ha sido el más expresivo. Ha estado “muy orgulloso” de la posición de ambos partidos: “Los mayores recortes en la última década fueron para la educación pública gestionada directamente, y sin embargo en la educación privada concertada no hubo prácticamente ningún recorte. Y en algunas comunidades, incluso se aumentó la financiación. Según datos de Comisiones Obreras, el Estado y las comunidades autónomas redujeron el gasto público en educación -para ambos tipos de gobierno- de 53.400 millones de euros en 2009 a 47.200 millones de euros en 2016.

Echenique incluso ha criticado a su socio de gobierno por su postura a lo largo de los años: “El sector privado concertado ha sido bastante bien protegido por los distintos gobiernos [PP y PSOE] durante la última década. Los socialistas empezaron a subvencionar escuelas privadas en los años 80, cuando el objetivo era ampliar la escolarización de los jóvenes y no había suficientes escuelas públicas para acogerlos, situación que empeoró en los años 90 cuando se elevó la edad de la enseñanza obligatoria de 14 a 16 años. La ministra Celaá, acusada de querer acabar con la educación subvencionada, dijo en una entrevista este jueves que nada cambiará si se aprueba su propuesta de ley para ser debatida en el Congreso después del verano: “La escuela subvencionada está perfectamente contemplada, respetada y acreditada por la ley”.

María Luisa Carcedo, la portavoz socialista, tampoco ha cambiado un ápice en su discurso: “Debemos continuar en la lucha contra la segregación y la pobreza, a favor de la inclusión social. No puede haber consignas genéricas, hay que hablar de lo concreto”.

Al mismo tiempo, en un comunicado, las Escuelas Católicas, la mayoría en el sector de la educación subvencionada, ha mostrado su descontento esta semana: “El proyecto de la comisión de reconstrucción intenta hundir todo un sector, el de la escuela subvencionada, aprovechando la debilidad causada por la pandemia y consolida el tono absolutista de Podemos ante la pluralidad educativa que corresponde a una sociedad democrática y que prevalece en toda Europa”. Celaá tenía una buena relación con las asociaciones patronales como Consejero de Educación del País Vasco, pero la entrada del Podemos de las Naciones Unidas en el Gobierno ha encendido los ánimos del sector privado subvencionado.

Una red mayoritariamente religiosa

Los colegios concertados en España son principalmente religiosos; los centros confesionales acogen a dos tercios del alumnado de la red privada subvencionada, según las últimas estadísticas del INE sobre la financiación de la enseñanza privada, publicadas en 2017. Por Comunidades Autónomas, la implantación de la enseñanza subvencionada es muy variable, ya que algunas de ellas acogen a menos de una quinta parte del alumnado desde la educación infantil hasta el bachillerato y la formación profesional -Castilla-La Mancha (15%), Canarias (16,2%) y Extremadura (17,6%)- y otras ofrecen escolarización a muchos más: Madrid (30,1%), Navarra (33,8%) y País Vasco (48,4%), según datos del año 2018-2019 del Ministerio de Educación.

Este mapa es el resultado de un proceso que se inició con la ley que creó los conciertos educativos en 1985, firmada por un gobierno del PSOE. En aquel momento, se trataba de normalizar una situación heredada del régimen franquista, en la que muchos colegios privados, sobre todo religiosos, recibían subvenciones públicas sin tener que rendir cuentas. La regulación establecía controles a cambio de las subvenciones, pero también se justificaba porque en aquel momento el país, que aún tenía mucho camino por recorrer en la extensión del Estado del bienestar, no disponía de suficientes colegios públicos para atender a todos los alumnos, y estos colegios tampoco podían levantarse de un día para otro.

Así se creó el conflictivo pero robusto equilibrio que se ha extendido hasta hoy. Y lo ha hecho a pesar de que nunca se cerró el debate sobre si la educación acordada es una consecuencia lógica del derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos; si es una red subsidiaria que sólo debe ir donde la pública no puede; o si, directamente, no debe existir porque el Estado sólo debe apoyar la escuela pública.

El desarrollo de la red privada subvencionada se ha visto condicionado por las posiciones que han sido dominantes en cada territorio. Pero también depende de las necesidades de una rápida ampliación de la oferta pública, como el aumento de la enseñanza obligatoria a los 16 años en los años noventa y la generalización del parvulario. Y, por supuesto, influyen las particularidades históricas de cada territorio. Por ejemplo, en el País Vasco la cifra se debe a la gran extensión de las órdenes religiosas, pero también al movimiento histórico de las ikastolas, las escuelas que nacieron durante el régimen franquista como una alternativa para el aprendizaje del euskera, dando lugar a un movimiento de cooperativas escolares que continúa hoy en día.

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